La provincia de Buenos Aires contará con un banco de ADN de delincuentes que funcionará bajo la órbita de la Suprema Corte de Justicia provincial y con un Registro de Condenados por delitos sexuales, según una ley sancionada hoy por la Legislatura provincial, informó la agencia Telam.
La norma, aprobada por la Cámara de Diputados provincial, establece que en el banco se asentarán los resultados de estudios genéticos que se realicen en las investigaciones penales “especialmente en las que se investiguen delitos contra la vida, la integridad sexual, la identidad o la libertad de las personas”.
Tras esta aprobación a nivel provincial, el martes próximo se realizará en el Congreso Nacional un plenario de dos comisiones que empezarán a tratar dos proyectos para crear el Registro Especial de Huellas Genéticas en el ámbito del Ministerio de Justicia.
También prevé la creación del Registro Nacional de Condenados por Abuso sexual y el Banco de Datos Genéticos de Penados por Delitos Sexuales, algo similar a lo que ya existe en las provincias de Mendoza, Neuquén y Córdoba.
En Buenos Aires, la información que se encuentre en la base de datos “es secreta y solamente se encontrará disponible para los fiscales y los jueces en relación con las causas que se encuentren investigando”, según estipula la norma.
Pero la ley creó además el Registro de Condenados por delitos contra la integridad sexual que dependerá del Ministerio de Justicia provincial, en el que se asentará la identidad del condenado y sus datos personales.
La iniciativa dejó a criterio del Poder Ejecutivo provincial la reglamentación que delimitará quien tendrá acceso a este registro de condenados.
El ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal, explicó a Télam que “la reglamentación será consensuada con los legisladores que trabajaron en esta problemática, porque esto es una política de Estado”.
“La violación es un tema de gran preocupación que había quedado postergado. Las víctimas denuncian más y el Estado entonces debe acompañar esa iniciativa de las víctimas para contenerlas y para lograr una respuesta en la identificación del abusador sexual”, precisó.
Casal, que siguió desde un palco la sesión en la Cámara de Diputados, aseguró que esta norma “va a contribuir con tecnología moderna para el esclarecimiento de los delitos, especialmente el de violación”.
Puntualizó que tendrán acceso al Registro de Violadores “aquellas personas que demuestren un interés legítimo” en la consulta, aunque aclaró que el grado de publicidad “se definirá con la reglamentación”.
La senadora del Frente para la Victoria, Elsa Strizzi, una de las autoras de la ley, explicó a Télam que el debate por el registro de ADN de violadores se aceleró “tras el ataque sufrido por una nena de 10 años en Coronel Dorrego, que fue atropellada por el conductor de una camioneta que luego la ultrajó y la quemó”.
Precisó que la creación de un Registro de Condenados por este tipo de hechos “es un reclamo unánime de la sociedad” y recordó que en la provincia de Buenos Aires “se denuncian ocho casos de violaciones por día”.
Aseguró que la creación de un registro compuesto por los datos personales, incluidos los genéticos, “es lograr la prevención y evitar la posible reincidencia de los autores de los delitos aberrantes contra la integridad sexual”
“El Registro contará con dos secciones claramente diferenciadas: por un lado tendrá la sección pública donde encontramos la totalidad de los datos de los sentenciados con condena firme y por el otro y como un dato relevante para los investigadores estará el registro de los datos genéticos, fundamental herramienta para identificar a los delincuentes seriales”, graficó.
Además, desde este mes, unos 50 violadores detenidos en una cárcel bonaerense comenzaron a recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico, según un plan dispuesto por el Ministerio de Justicia para revertir esa patología en un universo de 1.600 internos.
El programa, que se inició en la Unidad 25 de Olmos y que paulatinamente se extenderá a otras cárceles para atender a todos los internos que hayan cometidos delitos contra la integridad sexual fue puesto en marcha por la Dirección General de Salud Penitenciaria.
La iniciativa, denominada “Asistencia y Tratamiento para detenidos por delitos contra la integridad Sexual”, aborda la problemática de los detenidos con la tarea multidisciplinaria de psiquiátras, psicólogos, médicos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales y asistentes sociales.
Además, articula con la evaluación psiquiátrica y clínica del paciente y la participación en terapias individuales y grupales.
